Nos complace compartir con todos vosotros que hoy hemos sabido que nuestros cuatro socios, Luis María Cazorla Prieto (Tax y Litigation), Luis Cazorla González-Serrano (Corporate Governance &Compliance, M&A, Litigation, Sport y Administrative), Ignacio M. Martín Fernández (Administrative y Tax) y Alfonso Bayona Giménez (Energy), han sido incluidos en el prestigioso directorio BestLawyers para el año 2021.

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https://www.bestlawyers.com/current-edition/spain

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Muchas gracias a Expansión Jurídico y al jurado de los premios por el reconocimiento de nuestro trabajo, y enhorabuena a los restantes magníficos nominados, entre los cuáles es un honor estar.

Las mejores ‘boutiques’ del mundo jurídico

El premio a la Mejor Boutique pretende reconocer la labor del despacho cuyo tamaño no sea superior a los 50 abogados y que haya tenido un destacado papel en el panorama del derecho de los negocios.

Especialización en un área y cercanía con el cliente. Estos son los dos valores sobre los que trabajan las boutiques legales para ofrecer el mejor consejo jurídico. Las firmas de tamaño medio demuestran que el asesoramiento sobresaliente no depende de la dimensión del bufete, sino del buen hacer de los letrados.

El premio a la Mejor Boutique pretende reconocer la labor del despacho cuyo tamaño no sea superior a los 50 abogados y que haya tenido un destacado papel en el panorama del derecho de los negocios durante el pasado ejercicio, junto a su implicación y relevancia en la economía y el tejido empresarial del país.
Las boutiques que han obtenido una mejor valoración y que han resultado finalistas son:

Abdón Pedrajas
Antonio Pedrajas, socio director de Abdón Pedrajas. Nº de empleados: 48.

Abencys
Javier Díaz-Galvez, socio codirector de Abencys. Nº de empleados: 13.

Carles Cuesta
Carlos Cuesta, socio cofundador de Carles Cuesta. Nº de empleados: 20.

Cases & Lacambra
Ernesto Lacambra, socio codirector de Cases & Lacambra. Nº de empleados: 43.

Cazorla Abogados
Luis Cazorla, socio director de Cazorla Abogados. Nº de empleados: 21

Faus & Moliner
Jordi Faus, socio cofundador de Faus & Moliner. Nº de empleados: 10.

finReg360
Sara Gutiérrez, socia de finReg360. Nº de empleados: 35.

Grau & Ángulo
Alejandro Angulo, socio cofundador de Grau & Angulo. Nº de empleados: 49.

López-Ibor Abogados
Alfonso López-Ibor, socio director de López-Ibor Abogados. Nº de empleados: 37.

Romá Bohorques Tax & Legal
Carlos Pascual, socio director de Romá Bohorques Tax & Legal. Nº de empleados: 39

Fuente:
https://www.expansion.com/juridico/premios/2020/06/15/5ee758c5e5fdeac55c8b45bc.html

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No son pocas las disposiciones normativas recientemente aprobadas que deberemos tener en cuenta a la hora de afrontar sus reuniones

Ya estamos en el sexto mes del año y con él llega la celebración de las juntas generales ordinarias de las compañías cuyo ejercicio social hubiera finalizado el 31 de diciembre. El adjetivo de ordinaria desencaja especialmente este año marcado por la crisis sanitaria del coronavirus y por la crisis económica que la acompaña.

No serán juntas ordinarias como no lo fueron los anteriores consejos de administración de este 2020. La crisis actual obligaba a los órganos de administración y equipos directivos a adoptar urgentemente un conjunto de medidas destinadas a paliar los efectos de la crisis provocada por la Covid-19.

Ahora es el turno de los órganos soberanos de las compañías, y no son pocas las disposiciones normativas recientemente aprobadas en estos últimos meses que deberemos tener en cuenta a la hora de afrontar sus reuniones.

En lo que respecta a la asistencia y votación en Junta General a través de medios telemáticos, continúan vigentes los artículos 40 y 41 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo. Así, el artículo 40 habilita, durante el periodo en que permanezca vigente el estado de alarma y hasta el 31 de diciembre de 2020, a celebrar las juntas de socios por video o por conferencia telefónica múltiple, aun cuando sus estatutos sociales no tuvieran prevista dicha posibilidad.

Por su parte, el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, aprobaba un nuevo apartado 6.bis en el artículo 40 que añadía la posibilidad de sustituir la propuesta de aplicación del resultado (en adelante, PAR) contenida en la memoria de aquellas sociedades mercantiles que, habiendo formulado sus cuentas anuales, convocasen la Junta General Ordinaria a partir del 2 de abril de 2020. En dicho supuesto, el órgano de administración deberá justificar la sustitución de la PAR con base a la situación creada por la Covid-19 y acompañar, en su caso, un escrito del auditor de cuentas en el que indique que no habría modificado su opinión de auditoría si hubiera conocido en el momento de su firma la nueva propuesta.

A propósito de la obligación de presentar el impuesto sobre sociedades, el Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo, reformaba nuevamente el artículo 40. De una parte, establece que el plazo de tres meses para formular las cuentas anuales y demás documentos legalmente obligatorios comenzará a contarse desde el 1 de junio de 2020 y no desde la finalización del estado de alarma como señalaba su anterior redacción. Asimismo, reduce de tres a dos meses el plazo para que la Junta General Ordinaria apruebe las cuentas anuales desde que finalice el plazo para la formulación de las cuentas anuales.

Y bien, con las cuentas claras, ¿pueden las juntas generales aprobar un reparto de dividendos? Depende.

La Resolución de 6 de mayo de 2020, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, por la que se publicaba el Acuerdo del Consejo de Ministros de 5 de mayo de 2020, que establece los términos y condiciones del tercer tramo de la línea de avales del Estado, impone como novedad, respecto de los dos tramos anteriores, el uso finalista de la financiación obtenida. Esto es, las empresas y autónomos beneficiarios del aval vendrán obligados a emplear la financiación para cubrir las necesidades de liquidez derivadas, entre otros, de la gestión de facturas, pago de nóminas y proveedores, etc., prohibiendo expresamente que la financiación avalada por el Estado se destine al pago de dividendos o al pago de dividendos a cuenta.

Esta prohibición podría conllevar en muchos casos el ejercicio del derecho de separación del socio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 348.bis de la Ley de Sociedades de Capital, una vez finalice el estado de alarma.

Por último, las empresas que se planteen repartir dividendos no deben olvidar la limitación impuesta por el Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, de medidas sociales en defensa del empleo. Así, las sociedades que decidan acogerse al régimen especial de ERTE y utilicen los recursos públicos destinados a los mismos, no podrán proceder al reparto de dividendos correspondientes al ejercicio fiscal en que se apliquen estos expedientes de regulación temporal de empleo, excepto si abonan previamente el importe correspondiente a la exoneración aplicada a las cuotas de la seguridad social. Dicha limitación no aplica a las empresas que, a 29 de febrero de 2020, tuvieran menos de 50 personas trabajadoras o asimiladas, en situación de alta en la Seguridad Social.

La norma suscita varias cuestiones. ¿Hace referencia a dividendos cuyo reparto se apruebe este ejercicio 2020 o a los que resulten de los beneficios generados durante el mismo? ¿Podría aprobarse el reparto de dividendos cuyo pago se realice en el plazo máximo que permite el artículo 276 de la Ley de Sociedades de Capital? Depende.

Lara Jiménez Hajduka, abogada en Cazorla Abogados.

Fuente: https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/06/10/legal/1591816973_395056.html

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Con carácter general, tal como exige el artículo 45.2 de la LJCA, para la interposición de recurso contencioso-administrativo es necesario aportar inicialmente: (i) copia de la disposición o del acto expreso recurrido, (ii) el documento o documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos exigidos para entablar acciones las personas jurídicas y (iii) el documento que acredite la representación del compareciente.

Por Diego Luque, abogado y profesor universitario

Por lo que se refiere a la disposición o acto expreso objeto de recurso es palmario que es necesariamente previo a la interposición, salvo que se trate de la impugnación de un acto presunto o de vía de hecho.

En cuanto al acuerdo de la persona jurídica, la Sala Tercera del Tribunal Supremo ya abordó este punto en su Sentencia de 1 de junio de 2018 (recurso de casación 1056/2016) y puso de manifiesto que tal acuerdo no necesariamente debe adoptarse con anterioridad a la interposición del recurso contencioso-administrativo, puesto que se trata de un defecto que puede subsanarse conforme a lo dispuesto en los artículos 45.1.d) y 138.1 de la LJCA.

Respecto del último de los presupuestos procesales mencionados, esto es, la necesidad de aportar el documento que acredite la representación del compareciente, la Sala Tercera del Tribunal Supremo ha dictado la reciente Sentencia de 13 de mayo de 2020 en la que la cuestión interpretativa objeto de análisis se circunscribe a determinar:

«…si la nueva redacción del art. 24 LEC en relación con el art. 23 LJCA permite subsanar la falta de poder del procurador con posterioridad a la presentación del escrito de interposición del recurso contencioso-administrativo y transcurrido el plazo de interposición, cuando su otorgamiento se efectúa «apud acta» y, a tal efecto, es requerido por el Letrado de la Administración de Justicia».

En el supuesto analizado, la parte recurrente había interpuesto el recurso contencioso-administrativo un día antes de la fecha de vencimiento y había anunciado que la procuradora comparecería mediante poder apud acta que se otorgaría ante la Sala que correspondiera. De este modo, se requirió a la actora al amparo del artículo 138 de la LJCA para que subsanara la falta de representación y, a tal efecto, dentro del plazo conferido se otorgó el apoderamiento apud acta y fue remitido a la Sala de instancia.

No obstante, pese a que el recurso fue correctamente admitido a trámite, finalmente fue inadmitido en sentencia sobre la base de los siguientes razonamientos:

«En el caso de Autos, ningún apoderamiento ostentaba el procurador al tiempo de presentar el escrito de recurso. Y sólo tras el requerimiento de Secretaría se otorga el mismo de forma posterior al término del plazo para recurrir. La Sala concluye que el poder otorgado lo es de manera extemporánea. Y es que la admisión de la posibilidad de las partes de otorgar el poder incluso con posterioridad a la expiración del plazo para recurrir conduciría a la práctica de no preocuparse las partes del cumplimiento de este requisito, no molestándose en otorgarse poder alguno dentro de los plazos exigidos y si sólo cuando fueran en su caso requeridos.

(…)

…así pues, al carecer de poder el Procurador durante el plazo de interposición del recurso contencioso-administrativo, tal defecto de capacidad procesal no puede subsanarse extemporáneamente, y previo requerimiento de Secretaría, siendo de orden público su apreciación, que tiene la consecuencia de la inadmisibilidad, por extemporaneidad, del recurso.»

Pues bien, el Tribunal Supremo ha corregido el criterio de inadmisión de la Sala de instancia, esencialmente, por los motivos que esquemáticamente se indican a continuación:

  • El artículo 11.3 de la LOPJ establece que solo se desestimarán las pretensiones de las partes por motivos formales cuando estos sean insubsanables o no se hayan subsanado conforme al procedimiento establecido.
  • Los artículos 45.3 y 138 de la LJCA ponen de manifiesto que el defecto en la representación es de carácter subsanable y por ello se confiere un plazo de 10 días para poder llevar a cabo dicha subsanación.
  • Pese a lo establecido en el artículo 24 de la LEC, que señala que el poder notarial o el apoderamiento apud acta se acompañarán al primer escrito que el procurador presente o, en su caso, antes de la primera actuación, no cabe extraer de él, ni del conjunto de los preceptos de la LEC, un principio contrario a la posibilidad de subsanar los defectos subsanables.
  • Por último, la posibilidad de que la subsanación se produzca, aunque el día en que tenga lugar sea posterior al que venció el plazo para la interposición del recurso contencioso-administrativo, no se opone al principio de seguridad jurídica.

Como consecuencia de los razonamientos expuestos, la Sala Tercera del Tribunal Supremo concluye que no cabe declarar la inadmisión de un recurso contencioso-administrativo en el que el procurador no acompañe al escrito de interposición el poder para pleitos o la designación apud acta, aun cuando estos no se hubieran otorgado en ese momento, siempre que lo haga dentro del plazo de 10 días desde que fue requerido al efecto y aunque al aportar uno u otra ya hubiera finalizado el plazo hábil para la interposición del aludido recurso contencioso-administrativo.

Fuente: https://www.cef.es/es/articulo-diego-luque-contencioso-administrativo.html