Pablo Cazorla González-Serrano

Hace unos días se hizo pública la STJUE 5 mayo 2022, C-101/21, que sin duda va a tener un impacto directo respecto de aquellos supuestos en los que se discute la naturaleza de la relación jurídica existente entre una entidad mercantil y las personas que son administradores o consejeros en ella y, a la vez, están contratados por medio de un contrato laboral de alta dirección.

En este sentido, para resolver este tipo de cuestiones, nuestra jurisprudencia viene utilizando la llamada “teoría del vínculo” que hacer que prevalezca la relación mercantil sobre aquella de naturaleza laboral. Así pues, la jurisprudencia española considera que cuando se produzca esta situación, en aplicación de la “teoría del vínculo”, la relación mercantil absorberá la relación laboral de carácter especial, con las consecuencias materiales que dicha solución conlleva.

Esta situación podría cambiar por acción de la interpretación de la sentencia del Tribunal de Justicia a que hacemos referencia en el presente texto. Así las cosas, el supuesto que motiva el planteamiento de la cuestión prejudicial se refiere a una persona que ocupa simultáneamente los puestos de consejero (en este caso presidente del Consejo de Administración) y de director de la empresa. Así pues, cuando la empresa es declarada insolvente, solicita el pago de las prestaciones de ámbito laboral y social del estado a que pertenece. Tales prestaciones, sin embargo, le fueron denegadas en vía administrativa por no ser trabajador al haber “ejercido, en el marco de sus funciones de presidente del consejo de administración y de director de AA, una misma y única actividad, a saber, la dirección comercial de dicha sociedad, y que, por tanto, no podía considerarse que estuviera vinculado por una relación laboral con esa sociedad”.

La cuestión prejudicial suscitada desde la República Checa plantea la posible contradicción entre la denegación de las prestaciones de garantía salarial y la Directiva 2008/94/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario. Aunque el artículo 2.2 de la citada norma indica que la Directiva no afecta a las definiciones de los derechos nacionales en cuanto a los términos trabajador asalariado, empresario, remuneración, derecho adquirido y derecho en vías de adquisición”, la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 5 mayo 2022, C-101/21, se refiere a que indica que “el margen de apreciación de que disponen los Estados miembros para definir este concepto no es ilimitado”, de modo que los Estados miembros no pueden definir libremente el término trabajador asalariado de manera que se ponga en peligro la finalidad social de dicha Directiva. Por ello, “la circunstancia de que una persona que ejerce la función de director de una sociedad mercantil sea también miembro del órgano estatutario de esta no permite, por sí sola, presumir o excluir la existencia de una relación laboral ni la calificación de dicha persona como trabajador asalariado, en el sentido de la Directiva 2008/94”. Adicionalmente, establece, en relación con la jurisprudencia checa (que coincide en este punto con la española), que no es procedente la aplicación general que se refiere a que siempre que concurran una relación laboral y una mercantil deba primar la mercantil sobre la laboral, sino que deben evitarse presunciones automáticas y analizar caso por caso.

Estamos, por tanto, ante un hito significativo que podría ser suficiente para que el Tribunal Supremo matizara su jurisprudencia de la teoría del vínculo ya que, actualmente, este supuesto supondría que dicha situación únicamente se vería regulada por la legislación societaria, no aplicando la legislación laboral que, como es lógico, tiende a proteger más al trabajador. De esta manera, en caso de conflicto con la sociedad, el administrador que a su vez es alto directivo se vería obligado a acudir a la jurisdicción civil o mercantil para resolverlo, no pudiendo recabar la protección de los tribunales laborales.

Cazorla Abogados tuvo el placer de asistir como finalista al premio en “mejor actuación contencioso-administrativa” a la VII edición de los Premios Expansión Jurídico, celebrada el pasado jueves 30 de junio en el Complejo Duques de Pastrana de Madrid y presidida por el alcalde de Madrid José Luis Martínez-Almeida.

La edición de 2022 batió todos los récords de participación al haber recibido más de 300 candidaturas de un centenar de firmas jurídicas.

¡Enhorabuena a todos los galardonados durante la gala de entrega de los Premios! 🏆

D. Luis María Cazorla Prieto y D. Luis Cazorla González-Serrano (Presidente y Socio Director de Cazorla Abogados).

Diego Ruiz Santamaría

La conocida como teoría del vínculo inició su andadura allá por 2008 con la Sentencia del Tribunal Supremo (“TS”) en el denominado “caso Mahou”, concluyendo el Tribunal en aquel momento que en los supuestos de confluencia de la relación mercantil de un administrador con la relación laboral de alta dirección, la primera debía prevalecer sobre la segunda y, por tanto, todas las remuneraciones obtenidas por los administradores, sea cual fuera su origen (los propios administradores o la alta dirección), habían de entenderse satisfechas por su condición de administradores de la sociedad, debiendo, por tanto, cumplir con el requisito de estar previstas en los estatutos sociales. De esta forma, si no se cumplía dicho requisito, tales remuneraciones deberían considerarse una liberalidad y, por consiguiente, no deducibles en el Impuesto sobre Sociedades (“IS”).

Tras mucha controversia en torno a estas remuneraciones, la Ley del IS 27/2014 (“LIS”) quiso abordar esta cuestión e introdujo un inciso en el artículo 15 e), dejando claro que las retribuciones a los administradores por el desempeño de funciones de alta dirección y otras derivadas de un contrato de carácter laboral con la entidad no se entendían comprendidas en el concepto de liberalidad. Con ello parecía que el legislador buscaba aclarar que la remuneración de los administradores, no siendo una liberalidad, debía ser un gasto deducible para la sociedad, con independencia del cumplimiento de las reglas legales relativas a la constancia estatutaria y a la inscribibilidad de éstas en el Registro Mercantil.

Sin embargo, el debate no terminó ni mucho ahí, y el Tribunal Económico Administrativo Central (“TEAC”) en su
Resolución de 17 de julio de 2020
insistió en denegar la deducibilidad de la retribución de los administradores en caso de falta de regulación estatutaria, pero esta vez sobre la base de lo dispuesto en el art. 15 f) LIS que prevé la no deducibilidad fiscal de los gastos de actuaciones contrarias al ordenamiento jurídico:

“Con lo que la inclusión auténticamente novedosa del precepto es la que excluye de que puedan considerarse liberalidades las retribuciones que nos ocupan. Mención con la que pudiera pensarse que la norma atribuye a las mismas el carácter de deducibles en todo caso y sin ninguna otra consideración. Sin embargo, no es ésa la conclusión que alcanza este Tribunal Central, porque el precepto sólo dice lo que dice: que no se entenderán comprendidas entre las liberalidades las retribuciones a los administradores por el desempeño de funciones de alta dirección, y, con ello, que no cabe denegar la deducibilidad de tales gastos en atención a lo dispuesto en esa letra e). pero ello, necesariamente ha de integrarse con que la normativa fiscal jamás ha permitido la deducibilidad fiscal de los gastos que vulneran el ordenamiento jurídico en su conjunto […]” concluyendo “que la deducibilidad fiscal de las retribuciones de los administradores exige inexcusablemente que se cumpla con la normativa mercantil atinente a la materia”.

Lo que parecía una caza de brujas fue matizado por el TS en su Sentencia del 8 de febrero de 2021, que, aunque en un supuesto no del todo asimilable al caso actual, concluyó lo siguiente respecto a las actuaciones contrarias a derecho:

“La idea que está detrás de la expresión «actuaciones contrarias al ordenamiento jurídico» necesita ser acotada, han de evitarse interpretaciones expansivas, puesto que esa expresión remite solo a cierto tipo de actuaciones, vg. sobornos y otras conductas similares.”

Esta conclusión del TS conducía a pensar que el incumplimiento de la legislación mercantil relativa a la retribución de los consejeros ejecutivos no podía equipararse automáticamente a una actuación contraria al ordenamiento jurídico, por lo que, en definitiva, no se debería cuestionar esta deducibilidad en la medida en que no se encuadre de manera precisa en ninguno de los supuestos de no deducibilidad del artículo 15 LIS.

Y en estas idas y venidas aparecen la Audiencia Nacional y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (“TJUE”) para dar otro revés a la teoría del vínculo.

A. Sentencia de la Audiencia Nacional de 29 de marzo de 2022 (1730/2022, Recurso 769/2018)

Como hemos visto, el TEAC ha tratado de atacar desde distintos flancos el defecto de formalidad a la hora de detallar las retribuciones de los administradores que prestaban también servicios en virtud de una relación laboral, y su consecuente deducibilidad en el IS, y un ejemplo más en esta línea fue el abordado por la Audiencia Nacional en su sentencia de 29 de marzo de 2022.

A modo de breve contextualización, la regularización practicada por la Agencia tributaria en aquel conflicto, confirmada por el TEAC, sostenía que las retribuciones percibidas por el administrador no eran deducibles en el IS de la entidad recurrente, por aplicación de la teoría del vínculo. Para llegar a esta conclusión, partía del hecho de que este era administrador único de la sociedad, y en los estatutos no existía ninguna mención a la retribución que, en su caso, debía percibir el órgano de administración. Consideraba entonces que la remuneración fijada, al carecer de la cobertura estatutaria, debía ser considerada como una liberalidad, porque sus funciones mercantiles absorbían, en virtud de la teoría del vínculo, las derivadas del contrato de alta dirección.

El recurrente sostiene y acredita que no existen indicios de que el cargo de administrador único haya eclipsado la posibilidad y realidad del trabajo dependiente desempeñado, por lo que, justificada la doble relación, cabe preguntarse si esto resulta indiferente según la teoría del vínculo y si, en todo caso, la relación mercantil sigue absorbiendo a la laboral.

Recuperando el verdadero fundamento de la doctrina jurisprudencial en el ámbito mercantil, esto es, el carácter abusivo o sorpresivo de la remuneración, y no la absorción per se de toda remuneración por el vínculo orgánico o el mero incumplimiento formal, la Audiencia Nacional aclara que la teoría del vínculo no absorbe, siempre y en todo caso, las funciones laborales, por las mercantiles; por lo que resulta totalmente legítimo retribuir aquellas funciones, al margen de los cauces establecidos por las normas mercantiles.

Concluye afirmando que se trata de una cuestión de prueba y, en el presente caso, dado que el recurrente realizaba esa dualidad de funciones y ha probado que el administrador desarrollaba tareas de gestión ordinarias no ejecutivas, sus retribuciones han de tener necesariamente la calificación de gasto fiscalmente deducible en el IS de la entidad.

B. Sentencia del Tribunal Justicia de la Unión Europea de 5 de mayo de 2022 (Asunto C 101/21)

Si lo anterior no fuese suficiente, el TJUE, en la línea de la Audiencia Nacional, se pronunciaba en un supuesto de acumulación de funciones laborales y mercantiles que, sin llegar a producir consecuencias directas en la deducibilidad a efectos del IS, sí que podría suponer una estocada importante a la teoría del vínculo, y en concreto, a su aplicación automática.

El supuesto de hecho se trataba de un supuesto en el que el recurrente trabajaba para una sociedad mercantil como arquitecto, en virtud de un contrato de trabajo, pero posteriormente fue elegido presidente del consejo de administración de dicha sociedad y celebró, a tal efecto, un contrato con la referida entidad en el que se concretaba que no tenía derecho a remuneración por el ejercicio de esa función. Una vez asumido ese nuevo rol, se firmó un acuerdo de modificación adicional al contrato de trabajo inicial, en el que se indicaba que tenía derecho a un salario como trabajador asalariado. Dicho acuerdo de modificación precisaba que también ejercía la función de director de la entidad.

Al haber sido declarada insolvente la compañía, el demandante presentó ante la Oficina de Empleo de la República Checa una solicitud dirigida a obtener el pago de sus remuneraciones correspondientes como arquitecto. Dicha solicitud fue denegada, en primer lugar, por el Ministerio de trabajo y, en segundo término, por el órgano jurisdiccional, al considerar éstos que, con arreglo a la jurisprudencia nacional relativa a la “acumulación de funciones”, no podría ser calificado como trabajador asalariado. Y con estos antecedentes llega el expediente al TJUE.

Entiende el Tribunal que la circunstancia de que una persona que ejerce la función de director de una sociedad mercantil sea también miembro del órgano estatutario de esta no permite, por sí sola, presumir o excluir la existencia de una relación laboral ni la calificación de dicha persona como trabajador asalariado.

Por consiguiente, la Directiva relativa a la protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario debe interpretarse en el sentido de que se opone a una jurisprudencia nacional, según la cual, una persona que ejerce, en virtud de un contrato de trabajo, de forma acumulativa las funciones de director y de miembro del órgano estatutario de una sociedad mercantil no puede ser calificada de trabajador asalariado.

En definitiva, si ya la deducibilidad de este tipo de retribuciones laborales -no reconocidas estatutariamente- venía siendo controvertida por su difícil encaje en los supuestos de gastos no deducibles del artículo 15 LIS, estos nuevos pronunciamientos dan un giro a la propia teoría del vínculo, cuestionando su aplicación automática y abriendo la posibilidad al contribuyente de acreditar que realmente, aun existiendo una dualidad de funciones, estas están totalmente desligadas entre sí. Esto supondrá, en caso de justificarse debidamente, la no absorción de las retribuciones laborales por la relación mercantil, y, por lo tanto, la deducibilidad de estos gastos.

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El MARF admite a negociación un nuevo Programa de Pagarés de AENOR por 25 millones | BME Bolsas y Mercados Españoles

Diego Ruiz Santamaría

El escenario “rara habis” de la Ligue de Football Professionel (en lo sucesivo, “LFP”) con la adhesión del AS Mónaco FC ya hirió sensibilidades a principios de la década de los 2010, cuando empezó a evidenciarse el repentino interés de varias estrellas mundiales del momento en recalar en el club monegasco, apuntando todo a motivos no deportivos, al militar por aquel entonces en la segunda división francesa. Y es que el régimen fiscal que le resultaba de aplicación en esos momentos era susceptible de generar una situación de desventaja competitiva, perjudicando al resto de clubes franceses que integraban la competición, puesto que el Mónaco podía ofrecer el mismo salario neto a los jugadores asumiendo un salario bruto mucho menor que el resto de los clubes franceses.

El primer intento de la LFP para equilibrar esa desigualdad fue la aprobación por parte de su Consejo de Administración de la modificación del artículo 100 del Reglamento de la LFP “Les conditions de participation et d’exclusion des compétitions” que amenazaba con exigir a todos los participantes que tuvieran su sede efectiva en territorio francés para disputar el campeonato. Esto derivó en que el Mónaco, lógicamente de forma forzosa, llegase a un acuerdo en 2014 con la propia LFP en virtud del cual el club del Principado se comprometía a pagar 50 millones de euros a la Liga para la “restauración de la equidad deportiva” a cambio de no incluir la anterior condición para competir en su liga.

Tras este tira y afloja, la decisión alcanzada en aquel conflicto fue intermedia, de tal modo que la situación actual es que los jugadores franceses que recalen en el Mónaco deben tributar durante los cinco primeros años de residencia como si no perdiesen su condición de contribuyentes franceses durante esos ejercicios, además de la reciente incorporación por parte del estado galo de un régimen fiscal especial de impatriados para combatir esa fiscalidad vecina y así atraer talento deportivo a su territorio.

Algo similar sucede con la incorporación del Cardiff City FC y el Swansea City FC en la Premier League, la integración del San Marino FC en la Serie A o el FC Vaduz de Liechtenstein en la liga suiza, pero el debate se recrudece ahora en el caso del fútbol español y el Andorra FC, y ya no solo por el régimen fiscal particular de este Principado, sino por el entramado autonómico que caracteriza a nuestro país y también por la diferente forma jurídica de los equipos que integran las competiciones (SADs y clubes deportivos sin ánimo de lucro).

A. La desigualdad tributaria entre SADs y el resto de los Clubes

Con la entrada en vigor de la Ley 10/1990 del Deporte (en lo sucesivo, “LD”) y el posterior Real Decreto 1251/1999, sobre sociedades anónimas deportivas, se obligó a todos los clubes deportivos españoles que participaban en competiciones profesionales a reconvertirse en SADs, con el objetivo de fomentar una gestión económica más responsable. Sin embargo, la Disposición Adicional Séptima LD previó una excepción para determinados equipos que hubieran obtenido resultados positivos en los ejercicios anteriores a la aprobación de la Ley (i.e., Athletic Club de Bilbao, FC Barcelona, Club Atlético Osasuna y Real Madrid CF). De tal modo, mientras que la mayoría de los clubes se configuran desde entonces como SADs, los cuatro clubes restantes mantienen su condición de entidades sin fines lucrativos, siéndoles de aplicación un régimen fiscal distinto y aparentemente más favorable.

Al igual que en el caso de Francia, esto suscitó el recelo del resto de clubes españoles y de la propia Comisión Europea, que concluyó en 2016 que esta distinción suponía una ayuda de estado en forma de privilegio fiscal a tenor del artículo 107.1 del TFUE. Estando aún pendiente la resolución judicial de esta controversia, el Estado español ya se cubrió en salud eliminando esta discriminación en el tipo impositivo, pero manteniendo a través del artículo 9.3 de la vigente Ley 27/2014 del Impuesto sobre Sociedades la exención parcial para los clubes sin fines lucrativos de determinadas rentas conforme a lo dispuesto en el Capítulo XIV, eso sí, de apenas aplicación real, previendo el artículo 110 de la Ley que la exención será aplicable únicamente a aquellas rentas que no procedan de actividades económicas, lo que resulta impensable en el caso de clubes con estas características.

B. La desigualdad tributaria dentro del propio Estado Autonómico
Si la existencia de unos territorios forales (País Vasco y Navarra) y determinadas especialidades de otras regiones (Ceuta, Melilla y Canarias) ya implica de base un tratamiento fiscal diferente, esta heterogeneidad se enrevesa más aún con la cesión parcial a las Comunidades Autonómicas que prevé el artículo 3 de la Ley 35/2006 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en lo que respecta al cálculo de la cuota líquida, desgranando así la liquidación del Impuesto en un tramo estatal, que es igual para todos los contribuyentes, y un tramo autonómico.

Pudiendo determinar cada Comunidad Autónoma su escala de gravamen autonómica, existirán, obviamente, diferencias en la tributación de las personas que, aun siendo residentes de territorio común, lo hagan en distintas Comunidades. A modo de ejemplo, mientras que la Comunidad Valenciana y Cataluña tienen un tipo impositivo máximo aproximado del 54% y del 50% para la base imponible general, Madrid y Andalucía tienen un tipo máximo aproximado del 45% y 47% respectivamente, lo que evidencia una diferencia notable de casi 10 puntos porcentuales. Lo anterior supondrá que, en la práctica, siendo habitual que los jugadores negocien con el club su salario en importes netos, al Valencia CF le cueste más pagar el mismo salario neto que le podría costar al Real Madrid CF, suponiendo una desventaja competitiva significativa considerando las cifras que circulan en un sector como este.

C. La desigualdad tributaria entre el Principado de Andorra y España

Si lo anterior no fuera suficiente, la situación del Andorra FC supone otro giro de tuerca adicional. Al momento de crearse el club en 1942 no existía la Federación Andorrana de Fútbol, por lo que, a petición del club, y previo consentimiento de la RFEF y de la FIFA, se afilió a la Federación Catalana de Fútbol, lo que le permitía disputar las competiciones españolas. En cuanto a la fiscalidad andorrana, y en lo que nos afecta, que sería la tributación de la renta asociada a salarios de los futbolistas, aunque las aportaciones a la Seguridad Social no estén topadas, cuestión que sí sucede en España, el Principado impone una tributación máxima (con varios tramos intermedios) para las personas físicas que tengan la consideración de residentes fiscales en ese territorio de un 10% sobre estas rentas. Estando así las cosas, si ya existían diferencias significativas en virtud de la residencia del futbolista dentro del territorio común, la diferencia ahora entre la tributación de un jugador que milite en el Valencia CF será cinco veces superior a la de un jugador que recale en el Andorra FC.

Este debate se ha ido retrasando, y no ha sido realmente hasta el pasado mes de mayo, con motivo del ascenso del club, cuando se ha puesto sobre la mesa la necesidad de abordar este conflicto. A estos efectos, conviene plantearse varias preguntas: i) ¿puede la organizadora de la competición excluir a conciencia a un club de la competición o, al menos, exigirle el cumplimiento de una serie de requisitos adicionales para participar en sus competiciones? En caso de que pueda hacerlo; ii) ¿Qué tipo de medidas o requisitos se podrían llegar a imponer?

i. Libertad del organizador para regular la participación VS soberanía fiscal nacional

Considerando el reciente ascenso del Andorra FC a la Segunda división española, habrá que atender a las capacidades regulatorias de LaLiga como organizadora de las competiciones profesionales del fútbol masculino español. En este sentido, el artículo 41.4 a) LD prevé la competencia de las ligas profesionales para la organización de sus competiciones, contemplando el artículo 3.2 i) de los Estatutos de LaLiga la competencia específica de aprobar los requisitos de carácter económico y social que se exigirán a las SADs y a los Clubes para su integración en las ligas. Entre estos requisitos económico-financieros, no se prevé actualmente ninguna exigencia en materia fiscal, y la realidad es que cualquier exigencia en este sentido quizás podría vulnerar, tanto el principio de soberanía fiscal nacional, como la propia competencia parcialmente cedida a las Comunidades Autónomas.
Lo cierto es que el Principado de Andorra es soberano para crear, modificar o suprimir unilateralmente los tributos cuyo pago sea exigido a las personas sometidas a su competencia tributaria espacial, es decir, sus contribuyentes, pero también lo es que LaLiga como organizadora, en el ejercicio de su derecho de admisión, puede poner los límites y requisitos que considere para participar en sus competiciones.

ii. Posibles alternativas que podrían plantearse

  1. Incluir condiciones adicionales para la participación en las competiciones por parte del organizador, como podría ser, por ejemplo, la exigencia, al estilo francés, de que la sede efectiva de los afiliados se encuentre en territorio español u otra premisa como la forma jurídica societaria de los clubes participantes.

  2. Exigir un canon compensatorio al Andorra FC por parte del organizador de la competición que podría redistribuirse, por ejemplo, entre el resto de los clubes que participen en la competición. Esta alternativa abriría otros debates como si debiera exigirse también un canon a aquellos clubes españoles que dentro del propio territorio tengan una fiscalidad más beneficiosa.

  3. Prever alguna regla, vía control económico, que trate de mitigar estas desigualdades competitivas entre clubes. En este sentido, podría imponerse alguna regla a efectos del cálculo del Límite de Coste de Plantilla Deportiva dentro del control económico que realiza LaLiga como, por ejemplo, establecer una ficción en el coste de plantilla del club andorrano presumiendo que debería asumir la tributación media del resto de clubes españoles a la hora de retribuir a sus jugadores. Este mecanismo no tendría un impacto directo en la fiscalidad del club ni en la plantilla contratada, pero sí que será un condicionante para que se equiparen las reglas del juego.

  4. Incentivar soluciones legislativas que traten de equiparar las desigualdades tributarias respecto de otras ligas. Considerando que quizás el problema no sea la ventaja fiscal del Principado y de otras ligas europeas, sino la propia desventaja de la normativa tributaria española, deberían ponerse sobre la mesa algunas alternativas como la vuelta a un modelo de Ley Beckham, que atraiga de nuevo talento deportivo a nuestro país, o alguna limitación fiscal temporal, como la francesa, para aquellos que pasen de ser residentes españoles a andorranos.



Lo que está claro es que no hay una solución fácil, o al menos definitiva, para equilibrar las condiciones competitivas de aquellos clubes que integran la misma competición pero que están sometidos a soberanías fiscales distintas, más aún con la configuración autonómica española, que ya establece de base una desigualdad competitiva entre los clubes españoles. Eso sí, teniendo en cuenta la complejidad de todas las alternativas expuestas, parece que la tercera opción, es decir, vía control económico de LaLiga, se postularía como la más viable para equilibrar la actual desigualdad a la hora de contratar y retribuir a las estrellas del futuro.


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Ana María Ferrer y Luis Cazorla, Premios de Excelencia y Calidad de la Justicia del Consejo General de Procuradores | Lawyerpress NEWS

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PRESENTACIÓN DEL LIBRO «¿UNA LEY DE LA CORONA?» DE D. LUIS MARÍA CAZORLA PRIETO Y D. MANUEL FERNÁNDEZ FONTECHA, EN LA REAL ACADEMIA DE JURISPRUDENCIA Y LEGISLACIÓN DE ESPAÑA.

La Real Academia de la Jurisprudencia y Legislación Española acogió ayer a la presentación del libro “¿Una ley de la Corona?” (Thomson Reuters Aranzadi) de Luis María Cazorla y Manuel Fernández-Fontecha que presentaron mediate un coloquio en el que participaron José Antonio Zarzalejos, que además moderó, Manuel Aragón y Diego López Garrido donde reflexionaron sobre ello.

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LANZAMIENTO DEL LIBRO “ULTIMAS NOVEDADES NORMATIVAS AFECTANTES AL SECTOR ELÉCTRICO” DIRIGO POR D. LUIS M. CAZORLA PRIETO Y COORDINADO POR D. RAÚL C. CANCIO FERNÁNDEZ.

Estudio y análisis de las novedades normativas que afectan al sector eléctrico, con una especial atención a las medidas introducidas por el Real Decreto Ley 17/2021, de 14 de septiembre, desde la perspectiva de su contenido concreto, así como desde el prisma de su encaje en el marco constitucional y europeo.

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